Es de Netflix. Imagínenselo: una reunión de «señoros», como algunas dicen ahora. Una congregación nocturna, en un palacete, a la luz de los candelabros. Todos de capa negra con capucha. Y, sobre la capa, una balanza bordada en rojo. Un ceremonial al modo de una sociedad secreta, tipo masonería, en las que un «gran maestre» toma la palabra y exclama: «nosotros, depósitos y guardianes de la aplicación correcta de las leyes, nos juramentamos aquí para acabar cuanto antes con el mal gobierno».
Y «el mal gobierno» no puede ser sino la acción valiente y decidida de un gobernante audaz, compasivo y progresista, que se atrevió, osado él, a amenazar los privilegios de los representados por este infausto clan de «señoros». Y un servidor, que se confiesa apasionado por la literatura política, lector y también escritor, encuentra el tema atractivo, pero simplón. Facilón. Tal vez colara en mi adolescencia, en los setenta. Luego, la experiencia me hizo apreciar un universo de matices y miserias. En lo literario y en la vida. Es lo mismo, a fin de cuentas.
El tema de una conjura de jueces derechistas o ultraderechistas, próximos a las formas modernas del fascismo (aquí pongo una tos: ver mi entrada anterior), es vendible solo a una clientela entusiasta. Le aplico enseguida la navaja de Ockham y llego a lo muy improbable, cercano de lo casi imposible.
Voy de lo elemental a lo general. Y lo elemental es que los jueces son gente. Personas. Humanos, como usted y como yo. Y solo tiene que observar lo que hace el noventa y pico por ciento de los humanos, como usted y yo, cuando estamos sometidos a la posibilidad de multazo o castigo: aplicación estricta del reglamento o normativa. Sin más. Porque, en el fondo, el noventa y pico por ciento de los humanos, como usted y yo, aspiramos a vivir y dormir tranquilos. El dulce placer de la monotonía, sacudida solo, por ejemplo, por un mundial de fútbol.
El sistema penal-procesal español es reputadamente garantista. Y un juez lo sabe mejor que nadie. Al togado que meta la gamba haciendo su propia cruzada se le viene encima la posibilidad de un recurso que, si demuestra la tropelía, lo pone de patitas en la calle y en la purita ignominia. Imagínense la tesitura para un «señoro» próximo a la jubilación que, en su ya lejana juventud, se dejó las cejas en los libros y los apuntes para superar una oposición de las largas y duras. Ahí tienen casos sonados: los exjueces Garzón y Serrano, por citar exponentes de simpatías políticas muy diferentes, así como el exjuez Alba (actualmente en prisión efectiva).
Remacho el argumento: los jueces son gente. Y, por si usted no se había dado cuenta, la gente es de su padre y de su madre. De izquierdas, de derechas y del escepticismo de comunión diaria. Ya he citado a Garzón, vinculado con la izquierda, y a Serrano, que ha sido cabeza de lista de Vox en Andalucía. También puedo citar a Victoria Rosell (perseguida por el antes mencionado Alba), que fue diputada en el congreso por Podemos. En España hay cuatro destacadas asociaciones de jueces: una más conservadora (Asociación Profesional de la Magistratura), otra más progresista (Juezas y Jueces para la Democracia), y otras dos que reivindican la independencia efectiva respecto a la política. En este sentido, no se advierte el menor síntoma o indicio de un comportamiento colectivo como casta «pro-fascista».
El siguiente argumento me viene de la historia reciente en Andalucía. Concretamente en Sevilla. Caso EREs. Creo que les suena, ¿verdad? La cuestión aún colea. La pieza «política» se arrastró por los juzgados, de primera instancia al Supremo, a lo largo de la segunda década de este siglo. En los primeros años, tuvimos todos la ocasión de leer demasiadas ligerezas y alegrías respecto a las filias peperas y fobias anti PSOE de la jueza Alaya, ¿no es verdad? Pero luego el caso cambió de manos, subió de nivel, fue objeto de recurso, y ahí tienen las sentencias condenatorias, con su exposición razonada de motivos y hechos.
Creo que muy pocos, hoy, persisten en la denuncia de cacería o persecución judicial al PSOE de Andalucía. Más bien se ve de otro modo: como una trama inmensa de gastos públicos sin control (o controlando cuidadosamente que acabaran en ciertos bolsillos). No obstante, en el larguísimo intervalo que media entre la instrucción y la sentencia del Supremo, la teoría de la conspiración sirve. Jalea a la peña y calienta las urnas. Que no se nos enfríen, que de ellas vivimos.
El siguiente argumento acude ahora de la Plaza de Castilla: el caso Gürtel. No hay que decir mucho más. «¡Aguanta, Luis!», de Rajoy. Pero Luis terminó en la cárcel, y Rajoy expulsado de la Moncloa por una moción de censura que venía con el ánimo de limpiar la vida pública y democrática de este país. Una moción suscitada precisamente por la sentencia del caso Gürtel.
A ver si lo veo claro: en aquel momento, la ultraconservadora casta judicial promovió, gestionó y desarrolló un megaproceso que vino a demostrar y castigar la corrupción del Partido Popular, entonces en el poder, favoreciendo el cambio político… ¡Para darle el poder a la coalición más izquierdista que ha gobernado España en su historia democrática! Me imagino que la noche siguiente, en la reunión nocturna de los de las capas y capuchas, rodaron algunas cabezas. «¡Hatajo de mantas!», que diría aquella noche el sumo sacerdote.
Si hay en marcha una conspiración de jueces contra la pulcritud de la gestión de Sánchez y los suyos, entonces hay que sospechar que Ábalos es poco menos que un mártir, un alma inocente, injustamente entre rejas en la actualidad.
A día de hoy, es imposible anticipar el resultado final de cada una de las causas que cercan al entorno del presidente. De los procesos anteriores y del consabido garantismo penal-procesal español se desprende que debemos/tenemos que esperar/confiar.
Entiendo que las causas abiertas contra la esposa y el hermano del presidente son de un grado menor en comparación con los indicios sobre los que trabajan los jueces de los casos Zapatero y Leire. Pero son especialmente alarmantes las distintas subtramas de este último caso, tanto en la UCO como en la SEPI. Cada paso judicial amplía la red de imputados sin que haya el menor atisbo de que se asuman responsabilidades políticas. La respuesta gubernamental es la que da origen a este artículo: que todo obedece a una conjura de jueces para derribar a un gobierno valiente y valorado, y que, en esas, no cabe ceder al chantaje del lawfare sincronizado. Más bien lo contrario: prietas las filas frente al enemigo togado.
Un déjà vu, en todo caso, y tengo que volver a la reacción de tantos, tantas y tantes frente a los EREs: negar, descalificar, propalar infundios, atribuirlo todo a la filia pepera de la jueza. Solo que esta vez pinta mal, como dijo Rufián de lo de Zapatero. Pinta muy mal, cada vez peor.
La estratagema gubernamental de denunciar la conjura de los jueces cala, tiene efecto, hace un daño terrible a las instituciones (ahí tienen los datos de La Vanguardia sobre la confianza ciudadana en la Justicia), pero es muy poco probable que detenga la maquinaria judicial. La que, en este momento, apunta al centro de un partido concreto, y al gobierno en ejercicio. Un partido y un gobierno encomendados a un peligrosísimo cesarismo. Y ya vieron lo que pasó en Andalucía con esa fuga adelante, con ese «hablar de otra cosa», el «mirar hacia otro lado» o el replicar a las preguntas de la oposición con cifras y estadísticas.
El desprestigio progresivo. La caída. El hundimiento. La prisión para algunos. El desierto. La vuelta a la realidad. Al precio de la vivienda y otras zarandajas, vaya. Pero como sufridores, no como salvadores de la patria.
Firmado: doctor Federico Relimpio Astolfi, médico y escritor.
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