La quinta semana de huelga médica, ya lo saben. Uno podría decir que esto está como Estados Unidos e Irán, con el estrecho de Ormuz por medio. Muy difícil, pero poquito a poco. Pero avispado es mi lector, y sabe que nanay. Que el conflicto de los médicos de la Sanidad Pública no lo arregla ni el tipo de Corea del Norte con sus misiles. Y no extraña.
¿Por qué es tan difícil de solucionar? ¿Qué hay de irresoluble que la progresía en el poder — tan leída, tan sensible, tan dialogante — no pueda hacer avanzar? ¿Tan cerriles son las partes contratantes?
Un servidor de ustedes tiene su propia tesis, que se alimenta de vez en cuando de lecturas firmadas por voces expertas, buenas conocedoras del sistema. Se la intento resumir en un pispás, a riesgo de que me salga un revuelto de la casa (¡Qué rico!).
Podría parafrasear a Vargas Llosa en «Conversación en la Catedral»: «¿Cuándo se nos jodió la Sanidad Pública?». La respuesta es inmediata: desde el principio de los tiempos. Desde la recordadísima y aún vigente Ley General de Sanidad (LGS) de hace cuarenta años, si no antes.
En dicho cuerpo legislativo (y en desarrollos posteriores) se concretó la relación contractual del médico con el Sistema Público al modo de asalariado, alta en plantilla, modalidad casi funcionarial («estatutario»). Y ahí hubo un doble matiz. De entrada, la ventaja de la estabilidad, que no precisa explicación. Pero es preciso añadir la desventaja que acompaña a la estabilidad: la rigidez, la difícil adaptación a lo largo de las décadas a necesidades cambiantes.
Voces autorizadas concluyen que esta generalización fue un grave error y que, de aquellos polvos, estos lodos. El mandato de la LGS, a priori, no obligaba a este tipo de relación. La obligación era y es proteger la Salud del ciudadano a cargo de los presupuestos generales del Estado, pero nada se indicaba sobre la necesaria u obligatoria provisión de la atención sanitaria a través de un sistema forzosamente público, con relaciones laborales basadas en las del funcionariado.
Esto da para mucho más, y mucho más en profundidad. Pero no es el objeto del artículo de hoy. Es la base para proponer que el edificio funcional y laboral de la Sanidad Pública contiene graves defectos estructurales que limitan su funcionamiento. El Sistema Nacional de Salud medio funciona (renquea) aprovechando el entusiasmo de algunos, la ideología de otros, la explotación de las vocaciones (siempre) y, en otras épocas, el descarado aprovechamiento del desempleo médico.
Pasado el tiempo, los cambios demográficos, sociales y tecnológicos incidieron en las necesidades asistenciales que, interpretadas según la normativa vigente («necesidades del servicio»), nos han llevado a una profesión de altas y prolongadas exigencias formativas, moderadas expectativas salariales (en relación al desempeño) y cínica cremación a fuego lento en el horno de la masificación.
Mal hecho desde el principio, y a los hechos me remito: los países de nuestro entorno tienen coberturas sanitarias parecidas, pero se sonríen al ver nuestro sistema de «plazas por oposición». Vemos el Reino Unido, por ejemplo (un sistema similar al nuestro): semana tras semana, el BMJ anuncia los puestos vacantes. Escribes, les envías tu CV, conciertas entrevista y resuelto. Pasado el período de prueba, eres fijo.
El conflicto actual deriva, por tanto, de la insostenible situación de los médicos de la Sanidad Pública. La respuesta ministerial es la tímida reforma («remake») de un texto obsoleto con la pretensión de darle una patada adelante a un seiscientos recalentado, de la mano habitual de los sindicatos de clase («el ámbito de negociación»).
La mentira más dolorosa del equipo ministerial es que la mayor parte de lo que pedimos depende de las Comunidades Autónomas (CCAA). Salida facilona, falsa y con consecuencias: las comunidades ricas, como el País Vasco, gracias a su cuña de privilegio para que tirios o troyanos formen gobierno, se garantiza una situación favorecida a perpetuidad. De este modo, es menos difícil para ellos hacer una oferta económica atractiva que permita cubrir las «áreas de difícil cobertura». Así se hace país, ¿verdad?
Los que no tenemos esa fuerza parlamentaria y disponemos, por tanto, de menos euros sanitarios por habitante, no tenemos esa capacidad. De este modo, vemos convertirse buena parte del territorio en parque natural o desierto. Estas son las consecuencias de enviar un problema nacional a las CCAA. Justo lo contrario que tendría que hacer un gobierno de izquierdas.
Pregunta obligada: ¿sirve la huelga de algo? Opinión mía personal: no es de esperar un resultado mágico a corto plazo. No extraña: la fuerza de la inercia es terrible. Pero un servido de todos ustedes sigue la huelga. La he seguido todas las semanas y por supuesto que la sigo esta también. Calcúlenme, pues, la pérdida económica. Motivo: el conflicto está denunciando alto y claro (¡por fin!) que «algo va mal» (como escribía Tony Judt). Y nos permite callar primero y jubilar luego a esa trasnochada generación de fantoches que pretendieron inculcarnos un ejercicio profesional basado en el «ora et labora» de un franciscanismo castrista.
Aquí caben dos. La primera es desanimarnos y disgregarnos. Un «esto es lo que hay» y negociar paces separadas pobretonas con las CCAA. Esto es justo lo que quiere el gobierno: disponer de esclavos sociales de altísima cualificación durante una generación más. La segunda es mantenernos y reivindicarnos: «otro sistema es posible». Lo es, de hecho: mirad más allá de los Pirineos (con sus problemas, que los tienen).
Si el Congreso, en la agonía actual del gobierno, se sensibiliza con nosotros y encalla el «remake» de la ministra, habremos conseguido algo. Si nos mantenemos en la lucha, la gente para la que trabajamos y estudiamos seguirá atenta a nuestra problemática. Que también es la suya, vaya. Y a través de nuestras movilizaciones, ya va percatándose de quiénes son los verdaderos responsables.
Si trasladamos el conflicto vivo a la siguiente legislatura, habremos dado muestras de fortaleza, perseverancia y resiliencia. A partir de entonces, el colectivo profesional se habrá convertido en algo respetable. Merecedor, sin lugar a la duda, de un estatuto propio.
Firmado: Dr. Federico Relimpio Astolfi, médico y escritor. Delegado del Sindicato médico de Sevilla.
La medicina clínica esta en crisis en todo el mundo. Pero especialmente en nuestro país.
Hace 15 años, desafiando triunfalismos, amenazas y no pocos desprecios, me aventuré con un diagnóstico. Y lo novelé.
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