Errejón está muerto — políticamente —. Lo denunció Cristina Fallarás sin nombrarlo y, en consecuencia, fue juzgado y sentenciado en el cruce infernal de llamadas y mensajes de los altos cargos de Sumar y Más Madrid a lo largo de las cuarenta y ocho horas que precedieron a su dimisión. Y cabe pensar que el comunicado con que aquel hizo pública su retirada era poco menos que una confesión de culpabilidad. Poco más se sabe a ciencia cierta.
Tanto la denuncia como el río de comentarios desatados vienen a coincidir en un aspecto: el peculiar comportamiento del políticamente difunto era algo sobradamente conocido en su entorno. Solo así se explica el cruce de acusaciones entre la exdiputada en la Asamblea de la Comunidad de Madrid Loreto Arenillas y la organización de Sumar. Veremos a ver en qué queda este juego de acusaciones. Porque es de lo más relevante.
Lo es en varios sentidos. Por una parte, Sumar (y Más Madrid, en su seno) es una formación «nueva», nacida a rebufo del 15M y el hartazgo de la «vieja política». De la necesidad de «regenerar la democracia» tras los excesos la «élite extractiva». Y de la necesidad de albergar, animar y fortalecer la igualdad en general y el feminismo en particular como motores sustanciales del proyecto.
Es gravísimo, por tanto, que lo sucedido se dé a consecuencia del comportamiento de una de las personalidades más relevantes del 15M, corresponsable de la fundación de Podemos y Más Madrid, y portavoz parlamentario de Sumar, cargo de especial confianza y visibilidad.
Lo crucial de la cuestión exige, por tanto, una absoluta transparencia acerca del cruce de acusaciones entre Loreto Arenillas y la dirección de Sumar. ¿Hubo en la formación sospechas fundadas del comportamiento de Íñigo Errejón? ¿Desde cuándo? ¿A qué nivel de responsabilidad? ¿Con qué grado de evidencia? Y si hubo sospechas fundadas, ¿por qué no se actuó a tiempo?
Lo sucedido demuestra que tantas formaciones «nuevas», de vocación progresista y feminista, no están a salvo de lacras tan antiguas como el mundo. Y no me refiero precisamente a la lacra del machismo y el abuso sexual, como parece ser el caso, sino a una mucho más grave, si cabe, y tan antigua como la anterior: la del encubrimiento corporativo. El dicho de «los trapos sucios se lavan en casa», de toda la vida.
Les invito, en este sentido, a repasar la película «Spotlight», acerca de los curas pedófilos. En esta obra, el asombro del periodista protagonista se hace mayúsculo al encontrar que, mucho peor que los abusos de tantos clérigos, fue la actitud colegiada de la jerarquía eclesiástica que encubrió los delitos y, con ello, permitió la perpetuación del problema.
En este sentido, cabe interpretar que algunos integrantes de dicha jerarquía pensarían que, al hacerlo así, protegían a la institución y a su mensaje — en el que tal vez creían con sinceridad —. Aunque también cabe suponer que otros tantos se limitaban a proteger a la institución — de la que vivían con comodidad — del descrédito público.
Para muchos, estos mecanismos mórbidos y delictivos son los habituales en el funcionamiento de ciertas instituciones ultraconservadoras. Lo chocante, desde ese punto de vista, es encontrar que el mismo mecanismo puede anidar en estructuras nuevas, construidas en torno a la necesidad de liberar a tantos — y, específicamente, a las mujeres — de las cadenas impuestas por las viejas instituciones.
Es crucial, por tanto, que Sumar y Más Madrid se esmeren en aclarar qué se sabía del reprochable comportamiento de su exportavoz parlamentario, quién o quiénes lo sabían, desde cuándo, y por qué no se tomó ninguna medida al respecto.
